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El Congreso se plantea pedir para España el horario canario

El cambio de huso implica una transformación de nuestros usos y costumbres diarios y favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y de ocio

Publicada 19/09/2013

9:10 horas

 - Actualizada 19/09/2013

10:13 horas

Meridiano de Greenwich, cerca de la ciudad de Londres.

Meridiano de Greenwich, cerca de la ciudad de Londres.

La cámara baja se plantea pedir al Gobierno un estudio socioeconómico para conocer en detalle cuál sería la incidencia económica global de un posible cambio de huso horario en España, recuperando la antigua vinculación al huso horario de Greenwich y adoptando el de Canarias (una hora menos), y de una racionalización de los horarios laborales, para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

Así se desprende de una de las conclusiones del borrador del informe que está ultimando la subcomisión o grupo de trabajo para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad del Congreso de los Diputados.

La subcomisión considera que este cambio de horarios incidiría “favorablemente” en la conciliación de todas las personas, permitiendo disponer de más tiempo para la familia, la formación, la vida personal, el ocio, y evitando tiempos muertos en la jornada laboral diaria.

“Se trata de una tarea compleja, puesto que implica una transformación de nuestros usos y costumbres diarios, pero es innegable que los resultados nos harían converger con Europa en muchos aspectos en los que hoy estamos sumamente alejados, y muy particularmente en productividad, en competitividad, en conciliación y corresponsabilidad”, reza el texto elaborado durante cerca de nueve meses por este grupo de trabajo del Congreso.

Una nueva ley de conciliación

Además, el trabajo de estos diputados y miembros de la Comisión de Igualdad del Congreso destaca la necesidad de que el Ejecutivo elabore una nueva Ley de Conciliación y Corresponsabilidad que profundice en todas estas temáticas y corrija aquellas disfunciones recogidas en el citado informe.

A su juicio, dicha normativa también debería incluir medidas en el ámbito laboral y de la negociación colectiva, incluyendo aquellas de responsabilidad social corporativa, con el objetivo de asegurarse la participación empresarial, en un camino en el que algunas empresas ya transitan.

Finalmente, quiere que la nueva ley tenga que pivotar sobre el eje primordial del desarrollo de los derechos de conciliación y de corresponsabilidad, las políticas públicas del tiempo y la corrección de todas las cuestiones de carácter normativo tratadas en la subcomisión.

El informe resultante de estos cerca de seis meses de comparecencias de expertos iba a ser ratificado en julio en la Comisión de Igualdad del Congreso, a la que pertenece la citada subcomisión, si bien varios grupos parlamentarios solicitaron retrasar la conclusión del mismo ante el elevado volumen de trabajo y dado que el mes de julio no era hábil parlamentariamente.

El grupo de trabajo se ha reunido todos los martes durante un periodo cercano a los seis meses, para posteriormente emitir este informe. Tendrá que dar traslado del mismo al Gobierno, después de ser aprobado por la Comisión de Igualdad, y remitido al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, con el fin de mejorar las políticas dirigidas a favorecer la conciliación, la corresponsabilidad y racionalización de los horarios.

Este grupo de trabajo tiene, entre otros objetivos, analizar las medidas de conciliación y flexibilización horaria existentes y su utilización práctica, con el fin de lograr la implantación efectiva del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Además, consta entre sus proyectos formular propuestas para la incorporación de horarios más racionales en todos los ámbitos, que favorezcan la conciliación y la convergencia con Europa y simultáneamente mejoren la productividad laboral.

Esta iniciativa, que ha sido puesta en marcha a instancia de PP, PSOE y CiU, esta integrada por tres representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de cien diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los grupos con más de diez diputados y un representante de los restantes.

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