El sector del ocio y los espectáculos denuncia el agravio comparativo con el resto de sectores turísticos en la aplicación del IVA.
El próximo martes, 17 de noviembre, la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) presentará ante la Defensora del Pueblo el recurso de amparo ante “la indefensión jurídica y fiscal a la que se enfrentan las discotecas y locales de ocio como consecuencia del agravio tributario, injustificado y con connotaciones ilegales generado por la aplicación del Decreto del IVA en las discotecas frente al resto de sectores turísticos”.
Tras la última subida del IVA de 2012, a las discotecas se les aplica el tipo general del 21%, mientras que a otras actividades de la hostelería se les aplica el tipo reducido del 10%.
Ese mismo día, Fasyde explicará los medios de comunicación la situación actual del ‘IVA cultural’ y muy especialmente “el agravio que sufren las discotecas con la intención de reactivar el debate político sobre el IVA del ocio, la cultura y los espectáculos con motivo del inicio de la campaña electoral”.
En la rueda de prensa intervendrán Juan Martínez-Tercero Moya, presidente de Fasyde; Ricardo Urgel, del Grupo Pacha Ibiza; Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Salas de Fiesta y Discotecas de Baleares; Pedro Serrano, presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, y Ramón Más, vicepresidente del Gremio de Empresarios de Discotecas de Barcelona y Provincia.
Entre los temas que expondrán a los medios están “la penalización a los espectáculos y a la cultura en el tratamiento del IVA en España y su abandono frente al turismo y la hostelería”; la situación “especialmente sangrante” del IVA en el sector de las discotecas, los tablaos y salas de conciertos y el incumplimiento de las directrices y la vulneración del principio de neutralidad fiscal de la Comunidad Europea y la doble imposición tributaria para un mismo servicio o producto.
También abordará la falta de respuesta de la Dirección General de Tributos a la consulta vinculante realizada por Fasyde y el incumplimiento de los plazos establecidos por la propia administración.
