Ryanair ha cancelado más de 500 conexiones en nuestro país y los afectados rondan los 98.000, según Facua.
La asociación Facua-Consumidores en Acción critica que la multa a Ryanair contemplada por Fomento tras haber cancelado 2.000 vuelos hasta finales de octubre es "ínfima en comparación con el alcance del daño y el número de afectados, que sólo en España rondarían los 98.000".
La asociación se refiere a las declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la pasada semana en las que anunció la apertura de un expediente contra la compañía irlandesa que podría cerrarse con una sanción de hasta 4,5 millones de euros en función de la valoración de las infracciones que haga la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa).
Esta cifra se encuentra recogida en la Ley 21/2003, de 7 de julio, que establece una horquilla en las sanciones para las infracciones "muy graves" que va desde los 25.001 euros y los 4,5 millones. "Si se tiene en cuenta que Ryanair ha cancelado 520 vuelos con origen o destino en España", afirma Facua, "la multa sería el equivalente a unos 46 euros por pasajero afectado".
“Numerosas irregularidades”
Facua asegura que "el Gobierno debería plantearse si existe la posibilidad de considerar cada vuelo cancelado como una infracción e imponer, en tal caso, tantas multas como vuelos con origen o destino en España que hubieran sido cancelados". "La sanción a Ryanair", zanja la asociación, "no puede ser la misma, con independencia de si cancela 50 vuelos o 500".
Una multa que, según añade, no modifica en absoluto la obligación que tiene la compañía de devolver el precio íntegro de los billetes de los vuelos cancelados, así como la de abonar las compensaciones recogidas en el Reglamento Europeo CE 261/2004 para vuelos cancelados con menos de dos semanas de antelación y que establecen, en función de la distancia de trayecto, entre 250 y 400 euros.
Por último, Facua ha instado al Ministerio de Fomento a que abra también expediente a Ryanair por las "numerosas irregularidades que está cometiendo para no pagar lo que corresponde", y señala intentos por parte de la compañía de despistar a los usuarios ocultándoles información sobre sus derechos o "dándoles una información tergiversada con la intención de que los usuarios no reclamen".
