Cabify defiende que su actividad es de arrendamiento de vehículos con conductor.
Ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre Uber, Cabify ha defendido que su actividad no tiene nada que ver con la realizada por la multinacional norteamericana y garantiza que su modelo de negocio “es y ha sido siempre 100% legal”, “a diferencia” de su competidor, porque es una agencia de viajes.
En un comunicado, la firma indica que está constituida como agencia de viajes, “tal y como estipuló la Dirección General de Turismo y la Dirección General de Transportes Terrestres de la Comunidad de Madrid en mayo de 2012”.
Según detalla, cuando se constituyó en España en 2011 y en su condición de agencia de viajes, Cabify lanzó una plataforma para facilitar la intermediación entre sus usuarios y un sector profesional preexistente, el de los transportistas titulares de licencias VTC.
“Dichos transportistas vienen desarrollando desde hace muchos años la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor en España, dando estricto cumplimiento de la normativa que regula el transporte de viajeros, los seguros de responsabilidad civil asociados al mismo, así como la fiscalidad y las relaciones laborales de los conductores”, explica Cabify.
“El planteamiento de ese modelo de negocio en España respondió a la voluntad de Cabify de aplicar escrupulosamente sus valores de justicia y ética profesional en todos los mercados en los que está presente, cumpliendo en cada uno de ellos con todos los requisitos fiscales, laborales, mercantiles y administrativos pertinentes”, añade la compañía.
Objetivo: la movilidad
Cabify defiende que su objetivo es contribuir a una movilidad más eficiente en las ciudades, “abogando por un modelo de negocio justo y 100% legal”.
“Por tanto, a diferencia del competidor, desde sus comienzos hasta la actualidad, la actividad de Cabify está estrictamente sujeta al marco legal existente”, asegura la empresa.
“La compañía siempre ha trabajado de la mano del regulador y las autoridades competentes para garantizar un marco de competencia justo para todos los actores”, concluyó.
