La implementación de la norma supondrá un incremento de los costes administrativos estimados entre 7,5 y 9,5 euros por viaje.
El proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, enfocado en incrementar la protección de los ciudadanos que contratan viajes combinados y servicios de viaje vinculados, supondrá un ahorro para las empresas de 575 millones de euros al año, según las estimaciones del Gobierno.
Así se desprende de la Memoria de análisis del impacto económico y presupuestario de la norma que traspone la Directiva de Viajes Combinados, en la que el Ejecutivo estima un ahorro del 82% en cuanto a la obligación de los empresarios de facilitar información sobre los viajes a sus potenciales clientes.
El principal ahorro que encuentra el Ejecutivo se concentra en el fin de la obligatoriedad de realizar una impresión previa de los catálogos en papel de los folletos turísticos, en favor del correo electrónico y el formato digital, y facilitando además unos folletos más simplificados.
El Gobierno cuantifica en aproximadamente 100 euros los gastos unitarios de impresión y difusión de información en papel. En formato digital, ese gasto unitario baja a 6,25 euros. Como el número de viajes combinados en 2016, según datos del INE, fue de 6.989.748, el ahorro unitario de 93,75 euros implicaría un ahorro total de 655 millones de euros.
Según señala el Gobierno en el documento, en 2016, último año completo del que hay datos disponibles al respecto, las agencias de viajes alcanzaron unas ventas brutas de 19.120 millones de euros. De esa cantidad, 3.526 millones se correspondieron a los viajes combinados. El ahorro, por tanto, se sitúa en torno al 10% de la facturación total del segmento de viajes combinados.
Coste para las agencias
Sin embargo, el Gobierno reconoce en su análisis de impacto económico un aumento de los costes para los organizadores de viajes combinados. Así, según la propia evaluación de impacto de la directiva europea, la implementación de la norma supondrá un incremento de los costes administrativos estimados entre 7,5 y 9,5 euros por viaje.
Asimismo, se estima en 3 euros por viaje el cumplimiento de la obligación de protección contra la insolvencia, tanto en caso de viajes combinados como en el servicio de viajes vinculados. En el caso de los viajes combinados, los incrementos de coste ascenderían hasta un total de 80,3 millones de euros al año.
La reforma de la ley, que transpone una directiva europea, tiene en cuenta el cambio del mercado por la irrupción de Internet. La anterior directiva europea se creó cuando la contratación de los viajes combinados era esencialmente presencial, en comparación con la actualidad, que el principal canal de este tipo de paquetes es el online.
El Gobierno y las instituciones europeas prevén que esta nueva directiva sirva para hacer “desaparecer parcialmente” la fragmentación normativa existente y el “desequilibrio” en el nivel de protección de los viajeros.
Por primera vez se amplía el ámbito de aplicación de la normativa a los servicios de viaje vinculados, en lugar de tan solo a lo que hasta ahora eran viajes combinados. El Gobierno espera que esto “tenga efectos positivos” sobre la competencia y reduzca las “reticencias” de las empresas a realizar transacciones transfronterizas.
Junto a la reducción de las cargas administrativas por la impresión de folletos turísticos, la reforma también elimina la obligación de constituir una fianza antes del inicio de la actividad.
