La Audiencia de Valladolid dictó ya la pasada semana auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para la acusada ante el evidente riesgo.
La Audiencia de Valladolid celebrará a partir del próximo día 21 de mayo el juicio contra la propietaria de la agencia de viajes de Valladolid Vibolid, J.M.A.H, acusada de un delito continuado de apropiación indebida del dinero que cerca de medio centenar de clientes le entregaron para la contratación de sus vuelos.
El juicio, que celebrará la Sección Segunda de lo Penal, se iniciará el 21 de mayo y, en principio, se prolongará durante el 22, 23, y 24 del mismo mes, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Para ello, el tribunal sentenciador solicitará el traslado de la encausada al Centro Penitenciario de Valladolid desde la prisión de Alcalá Meco, en Madrid, donde se encuentra tras su detención en Polonia, país al que se había fugado para eludir precisamente dicho proceso judicial.
La Audiencia de Valladolid dictó ya la pasada semana auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para la acusada ante el evidente riesgo de que vuelva a huir para eludir la acción de la Justicia.
La primera Euroorden de la Audiencia
La llegada de J.M.A.H. a España se produce gracias a la colaboración de la justicia y policía polacas en virtud de la Euroorden cursada por la Audiencia de Valladolid, la primera de su historia.
La acusada se fugó en 2017 de España para eludir la acción de la Justicia ya que tenía pendiente una causa por un delito continuado de apropiación indebida sobre un total de 40 clientes.
El juicio por estos hechos tenía que haberse celebrado el 25 de abril del pasado año, si bien tuvo que suspenderse ante la incomparecencia de la procesada, que, además, había pactado previamente la condena pero que una semana antes de la vista desapareció sin dejar rastro, lo que provocó la indignación no sólo de su propia defensora sino de las acusaciones particulares.
Los acusadores denunciaron ya entonces que la encausada había dado su visto bueno a una sentencia condenatoria que “era bastante más beneficiosa para ella que para los damnificados”, ante lo cual la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, tribunal que tenía previsto juzgarla, decretó en abril del pasado año orden de busca y captura contra J.M.A.H. para su ingreso en prisión.
La Audiencia de Valladolid podrá juzgar de este modo a la acusada en mayo de un presunto delito continuado de apropiación indebida sobre un total de cuarenta clientes que a lo largo de 2014 desembolsaron cantidades que en su conjunto suman más de 83.000 euros para que les gestionara la compra de billetes, reservas de hotel y otros servicios en distintas partes del mundo, sin que la encausada formalizara dichas operaciones.
Con carácter provisional, el Ministerio Fiscal solicita para ella una pena de seis años de cárcel y multa de 4.320 euros –las acusaciones particulares piden entre cuatro y cuatro años y medio por delito continuado de estafa–, junto con el pago, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones que suman un total de 82.471 euros.
Desestimada la responsabilidad civil de la Junta
Además, una de las acusaciones particulares, que reclama más de 7.000 euros, había solicitado que la Consejería de Cultura y Turismo fuera condenada como responsable civil subsidiaria en el capítulo indemnizatorio, tras recordar que los hechos objeto de esta causa se produjeron después de que le fuera revocada a Vibolid la licencia como agencia de viajes por parte de la Dirección General de Turismo y, sin embargo, permitió que el establecimiento de la acusada siguiera abierto al público.
Sin embargo, tal petición fue desestimada por la Audiencia provincial, toda vez que no es parte en el procedimiento y fue denegada la apertura de juicio oral frente a ella por auto del Juzgado de Instrucción de fecha 19 de septiembre de 2016.
La que fuera titular de Vibolid fue detenida en agosto de 2014, a raíz de las numerosas denuncias recibidas contra su persona –el número de perjudicados se eleva a cuarenta– en las que se ponía de manifiesto que a lo largo de ese año había recibido distintas cantidades de clientes por contratar y reservar paquetes de vacaciones a China, Malta, Paraguay, República Dominicana, EE.UU, Marruecos, Filipinas, Venezuela y otros destinos en España, con billetes de vuelo, reserva de hoteles y otros servicios, que, como así pudieron comprobar más tarde los afectados, nunca llegaron a formalizarse.
Algunos de ellos se percataron de lo ocurrido tiempo después de contratar sus servicios cuando acudieron a la agencia, entonces situada en el número 170 del Paseo de Zorrilla, y se encontraron con la oficina cerrada. Otros descubrieron que las reservas y contratos realizados por con la agencia habían quedado anulados por falta de pagos, por lo que no podían disponer de los servicios contratados.
Incluso, se dio el caso de una clienta, M.G, que el 30 de julio de ese año se personó en el aeropuerto de Barajas, dispuesta a tomar un vuelo a Buenos Aires, y le indicaron entonces allí que su reserva estaba cancelada.
La afectada contactó con la acusada para pedirle explicaciones y ésta se comprometió a solucionarlo lo antes posible y le sugirió que se hospedase en Madrid hasta la resolución del problema, ya que la agencia se haría cargo de todos los gastos. Finalmente, tras varios días hospedada, y al no tener noticias de la agencia, la mujer tuvo que regresar a Valladolid y pagar todos los gastos, por lo que fue perjudicada doblemente, de ahí que reclame ahora 2.069 euros.
Menores con billetes solo de ida
También se dio el caso que otro cliente, Alejandro F.P, que contrató con la agencia Vibolid seis billetes de avión a la República Dominicana con distintas fechas. Dos menores volaron con normalidad a su destino el 27 de junio, pero cuando el denunciante se personó el 5 de agosto en el aeropuerto de Madrid-Barajas para facturar, descubrió atónito que tenía en su poder reservas y no billetes, por lo que no podía viajar, e incluso le advirtieron de que los menores –sus hijos– habían volado con billetes de ida, pero que no tenían los de vuelta.
Otros como Laura Isabel M. y Daniel R.G habían encargado un viaje a Malta entre los días 9 y 14 de agosto. Una vez allí, la pareja tuvo que buscarse hotel y pagar 350 euros porque la acusada había comprado los billetes pero no había gestionado alojamiento, mientras que en otro caso seis personas vieron frustrado su viaje a Disneyland París que tenían previsto efectuar, y un padre y su hija, que se disponían a viajar a Santo Domingo, también fueron informados en pleno aeropuerto de que no contaban con billetes.
Se da la circunstancia de que la procesada ya ocupó el banquillo, por hechos similares, en 2012, cuando entonces fue condenada a un año y medio de prisión por sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid, posteriormente ratificada por la Audiencia de Valladolid.
