Gutiérrez critica el excesivo intervencionismo administrativo que sufren las agencias en España.
La trasposición de la Directiva sobre Viajes Combinados y Servicios de Viajes Vinculados ofrece la posibilidad de realizar una modernización de la ordenación administrativa de las agencias de viajes y, al mismo tiempo, la necesaria unificación de su regulación en todo el territorio nacional.
Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que las agencias conservan un nivel de intervención administrativa propia de otras épocas y que hoy resulta una anomalía en el conjunto de la regulación de los sectores económicos. Una situación agravada, además, por el hecho de que es una regulación establecida, de forma diferenciada, por parte de cada una de las comunidades autónomas sin perjuicio de que las agencias compitan en un mismo mercado.
La Directiva, cuyo proyecto de ley de transposición ha sido aprobado por el Gobierno el pasado 23 de marzo, y se prevé que sea tramitada por vía de urgencia en las Cortes, está centrada en establecer un marco común en cuanto a la responsabilidad de las agencias frente a los viajeros en la UE y debe ser la base para una armonización sin diferenciación en las diferentes comunidades dado que, en este sentido, recoge en su artículo 4 que “salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva, los Estados miembros no mantendrán ni establecerán, en su derecho nacional, disposiciones contrarias a las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas que den a los viajeros un nivel diferente de protección”. Texto que deja claramente establecido que la protección al viajero debe ser la misma en todos los países de la UE, lo que obviamente impide diferencias entre comunidades.
Nuevo sistema de garantías
En Fetave, creemos que la Directiva debe ser la base sobre la que efectuar la necesaria adaptación de la regulación del sector basándose en el principio de libertad de creación de empresas, que no precisan ninguna intervención administrativa, que sólo sería justificable en la responsabilidad con los viajeros. Por lo que, obligaciones de garantía de la Directiva aparte, no cabe establecer ninguna normativa o restricción administrativa diferente a la de cualquier otro establecimiento de venta detallista.
Entendemos que la introducción del sistema de garantías de protección del viajero de la Directiva, supone la supresión del esquema de avales, fianzas y garantías existentes frente a la Administración y su sustitución por el nuevo esquema de la Directiva, más eficaz de cara a la protección del viajero.
“Las garantías por insolvencia previstas en la Directiva deben concretarse en la trasposición”
Por ello, resulta ilógico establecer cuantías mínimas de avales descontextualizadas del riesgo a cubrir y estas deberían limitarse a los organizadores de viajes excluyendo a los comercializadores de garantías adicionales a las de los organizadores frente a los viajeros, lo que denunciamos que no hace el Proyecto de Ley al establecer una garantía solidaria entre organizador y detallista, lo que no va a aumentar las garantías de los viajeros pero sí los costes de los viajes e innecesariamente los de las agencias que comercializan exclusivamente.
Desde ya anunciamos que Fetave se opondrá a esa garantía solidaria. ¿La tienen los concesionarios de vehículos respecto a los fabricantes o los grandes almacenes respecto a los fabricantes del producto? ¿Tratará de lograr de los grupos políticos su supresión o adaptación a la realidad del mercado?
La Directiva también legisla la protección de nuevas modalidades de servicios de viajes aparecidos con la irrupción de Internet y que hasta ahora se encontraban en una situación de indefinición jurídica, pasando en algunos casos a considerarse viajes combinados. Estos deben cumplir con las garantías para el viajero que estipula la citada Directiva y es una incógnita conocer cómo puede afectar a la estrategia empresarial de numerosas empresas del sector turístico este cambio sustancial en las reglas del juego.
