Alojamiento

Baraka solicita que se paralicen las obras del Edificio España

Riu afirma que continúa con los trabajos para inaugurar el hotel en primavera de 2019

Publicada 16/10/2018

15:19 horas

 - Actualizada 17/10/2018

8:34 horas

Baraka ya demandó en agosto a Riu ante los juzgados de Madrid por por presuntamente negarse a escriturar 15.000 metros comerciales del Edificio España.

Baraka ya demandó en agosto a Riu ante los juzgados de Madrid por por presuntamente negarse a escriturar 15.000 metros comerciales del Edificio España.

El holding Grupo Baraka ha solicitado de manera oficial tanto ante el Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, como ante los Juzgados de Primera Instancia la paralización de las Obras del Edificio España.

Según ha informado el grupo del empresario Trinitario Casanova en un comunicado, esta “difícil decisión” se debe al “inexplicable criterio de Riu en la ejecución de las obras que se están llevando a cabo en el citado inmueble”.

Ya en agosto de este año, Baraka demandó a RIU Hotels & Resorts ante los juzgados de Madrid por presuntamente negarse a escriturar 15.000 metros comerciales del Edificio España, ya comprometidos a favor de Baraka Renta –sociedad del grupo presidido por Trinitario Casanova–.

En junio de 2017, el grupo de Casanova vendió la sociedad propietaria del Edificio España (que adquirió antes al grupo Wanda) a la cadena hotelera, firmando ambas partes un documento por el que Baraka Renta pasaría a ser propietaria de la zona comercial una vez que se avanzara en la construcción y se realizara la declaración definitiva de obra nueva y la escritura de división horizontal independiente.

Según ese acuerdo, en la operación estaba previsto que Baraka se encargaría de la gestión de estos 15.000 metros cuadrados en la parte inferior del edificio donde se contemplaba instalar unos grandes almacenes.

Al margen del ‘Informe de Resultados’

Baraka ha recordado que el desarrollo de las obras se ha saldado con la “renuncia” de RCCyP al frente de la Dirección Facultativa. “Las profundas discrepancias con dicha Dirección Facultativa nacen de la negativa de la propiedad de ejecutar todas las obras de refuerzo y consolidación estructural para adecuarlo a la normativa vigente”, han apuntado.

En concreto, Baraka advierte de que “la promotora ha decidido llevar a cabo las obras al margen del ‘Informe de Resultados’ del estudio realizado sobre los condicionantes que la arquitectura y cimentación del edificio España imponen a su rehabilitación, fecha 9 de febrero de 2017”, redactado por Intemac.

“Las prescripciones técnicas de este gabinete y referencia obligada en materia de estructura, que inciden de forma reiterada en la necesidad de realizar refuerzos en todo el edificio, fueron asumidas por la Dirección Facultativa en la redacción del Proyecto Básico de Obras de Consolidación que sirvió de base a la concesión el 31 de marzo de 2017 de la preceptiva licencia que solicitó Grupo Baraka”, ha apuntado Baraka.

Baraka asegura que su interés es “evitar, ante este preocupante escenario, una imperdonable catástrofe si la disminución de la seguridad del edificio derivase en cualquier siniestro”.

RIU niega las acusaciones de Baraka

El grupo hotelero Riu ha emitido un comunicado en el que asegura que “continúa con los trabajos en el Edificio España tal y como había proyectado” con la intención de inaugurarlo “en primavera de 2019”.

La compañía mallorquina niega que Baraka haya tenido “en ningún momento derecho de prioridad en la adquisición de la superficie comercial del edificio España” y asegura que es “categóricamente falso” que Riu tenga el objetivo de reducir costes a costa de la seguridad y estabilidad del edificio.

“Desconocemos por completo la razón y el criterio de esta alusión y suponemos que todo se debe a un completo desconocimiento respecto del proceso de ejecución de la obra”, añade Riu al respecto.

El comunicado destaca que “se están ejecutando los trabajos con todas las garantías de seguridad y respetando la normativa vigente” y considera que las críticas que ponen en cuestión este punto son “una temeridad y una falta de rigor profesional que solo responde al interés de generar una alarma social no fundamentada”. 

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