Facua también recuerda que ya denunció a Ryanair y Wizz Air ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
La organización Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair y Wizz Air ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posible competencia desleal en su nueva política de cobrar por el equipaje de mano.
Desde el 1 de noviembre estas dos aerolíneas han modificado sus condiciones de forma que los pasajeros ahora deben pagar por dicho equipaje, que hasta el momento podían llevar de forma gratuita en cabina.
La asociación entiende que esta actitud comercial implica que el usuario recibe una “información sesgada” del precio del billete en el momento de comparar las posibles opciones que tiene para realizar su vuelo.
Así, el consumidor puede tener una percepción errónea del precio real del transporte con Ryanair y Wizz Air, que podrían parecer, salvo excepciones, más baratas que el resto de compañías. El precio, sin embargo, puede variar sustancialmente al añadir los importes extra del equipaje, aproximándose o incluso superando el de sus competidores.
Competencia desleal
En este sentido, Facua señala que la Ley de Competencia Desleal recoge que “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”, entendiéndose como tal aquellos que “distorsionen o puedan distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica” en relación a “la selección de una oferta, contratación de un bien o servicio y el pago del precio”, entre otros.
De igual forma, el apartado 5 de la misma normativa entiende como desleal cualquier conducta que “induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptibles de alterar su comportamiento económico” cuando refiere a “el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio” y “la necesidad de un servicio”.
Por último, Facua también recuerda que ya denunció a Ryanair y Wizz Air ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) al entender que incumplían la Ley de Navegación Aérea con esta nueva política. También pidió medidas al Gobierno para evitar que la aplicaran, sin haber recibido hasta el momento ninguna respuesta.
