La directiva de Viajes Combinados obligará a las empresas a garantizar el reembolso a los viajeros de los pagos adelantados en caso de insolvencia.
Las empresas de viajes combinados podrían ahorrar 655 millones de euros en cargas administrativas con el suministro de información electrónica a terceros, según las estimaciones realizadas por el Gobierno en la trasposición de la Directiva comunitaria sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
Así lo recoge en su análisis de impacto del decreto ley que incluye esta trasposición, así como otras directivas en materia de marcas y transporte ferroviario, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre.
Según este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el coste de facilitar información a terceros de manera presencial supone unos 100 euros por contratación, mientras que la estimación realizada por el Gobierno rebaja esta información a 6,25 euros por viaje en caso de ser electrónica.
La diferencia entre ambos costes, teniendo en cuenta los 6.989.748 viajes combinados contratados al año, según la encuesta de turismo de residentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), supone 655 millones de euros.
Reconocimiento de los paquetes online
El citado decreto ley contempla como principal novedad, en materia de viajes combinados, la contratación de este tipo de servicios a través de Internet, reconociendo como tal los paquetes online y los viajes enlazados, en los que el usuario es guiado de página en página en la compra.
Asimismo, obliga a las empresas a facilitar al viajero, antes de que este quede obligado por cualquier contrato u oferta comercial, determinados requisitos de información sobre los viajes, así como la entrega de un formulario con la información normalizada.
Este formulario se incluye dentro del propio decreto, lo que facilita a las empresas que lo deseen la elaboración de unos folletos turísticos más simplificados que los catálogos que anteriormente se encontraban en el mercado, argumenta el Gobierno.
Coste de aplicar la nueva directiva
Este ahorro permitiría aminorar el impacto de la introducción de esta directiva, cuya puesta en marcha supondrá a los organizadores de viajes combinados, en términos generales, un aumento de los costes administrativos estimado entre 7,5 euros y 9,5 euros por viaje.
A estos habría que sumarles aproximadamente otros tres euros por viaje para cumplir la obligación de protección contra la insolvencia, tanto en el caso de viajes combinados como en el de servicios de viajes combinados, como consecuencia de haber entendido el régimen de protección y establecer nuevas obligaciones.
A partir de ahora, las empresas tendrán que garantizar el reembolso a los viajeros de los pagos adelantados en caso de insolvencia y también su repatriación, en este último caso siempre que sean responsables del transporte de los viajeros.
La propia Federación Territorial de Asociaciones Empresariales de Agencias de Viajes de España (Fetave) ya advirtió de que el nuevo marco regulatorio provocaría “un sobrecoste” de 165 millones de euros que acabará repercutiendo en los viajeros.
Y es que, si bien no contempla objeciones a la nueva directiva, critica que en España se imponga la obligatoriedad de una “garantía solidaria” también a los minoristas comercializadores, sin que suponga una mayor protección para el viajero.
“Las compensaciones o indemnizaciones por el eventual incumplimiento, será una sola por muchos aseguramientos que lo cubran”, apuntan desde Fetave.
