La pista 18R-36L de Barajas, cuya operativa podría verse mermada, es la utilizada para los vuelos trasatlánticos.
La Unión por la Promoción Turística de Madrid ha reclamado una solución dialogada del conflicto que enfrenta desde hace más de 10 años al aeropuerto de Barajas y a un grupo de vecinos que podría provocar el cierre parcial de la mayor pista del aeródromo madrileño.
En los próximos meses, el Tribunal Supremo podría emitir un dictamen final en el proceso judicial iniciado en 2004 por los vecinos de la urbanización madrileña de Santo Domingo (Algete) contra Aena y que podría conllevar la reducción de la capacidad operativa de la pista 18-R-36L de Barajas.
El proceso judicial podría provocar una “drástica reducción de la operatividad de la pista para los vuelos trasatlánticos”, según La Unión. Una sentencia a favor de los vecinos supondría el cierre parcial de la mayor pista del aeropuerto madrileño, la utilizada para los vuelos de largo radio y principal puente de unión entre Europa y Latinoamérica.
La Unión muestra su preocupación “por la amenaza y peligros que supondría para la actividad aeroportuaria de Madrid y España pero también, sobre el conjunto de la actividad económica y turística del país, y particularmente para la Comunidad de Madrid”.
Consecuencias impredecibles e incalculables
Por ello insiste en una llamada al diálogo para “buscar soluciones que permitan desbloquear un procedimiento judicial de consecuencias impredecibles e incalculables para el progreso y desarrollo económico de la ciudad de Madrid, la Comunidad y del conjunto del estado español”.
En este contexto, la Unión por la Promoción Turística de Madrid ha trasladado diferentes cartas tanto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como a la Alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para instarles a poner en marcha cuantas actuaciones resultaran favorables para la solución del conflicto existente en beneficio de todas las partes.
La Unión recuerda que la actividad del aeropuerto madrileño aporta al Producto Regional Bruto 18.000 millones de euros y que genera de forma directa o indirecta más de 300.000 empleos.
Hay que recordar que ya en noviembre de 2008, el Tribunal Supremo condenó a Aena a indemnizar con 30.000 euros a cinco vecinos de Santo Domingo al declarar vulnerado su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria por el ruido derivado del sobrevuelo de aviones del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaraba en diciembre de 2014 no ejecutada la sentencia del Supremo y decretaba que la reducción de operaciones debe ser sobre el 30% del número total de los vuelos reconocidos por Aena en 2004 (20.730 aproximaciones).
