La AEA exige que las ayudas estatales sólo debería concederse si no limita la competencia o perjudica la igualdad de condiciones.
La Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA) considera que las nuevas directrices sobre ayudas estatales de aeropuertos y líneas aéreas, anunciadas por la Comisión Europea la semana pasada, abren la puerta a “un uso indebido de los recursos públicos”, según informó el organismo en un comunicado.
En este sentido, tachan de “inaceptable” el hecho de que los aeropuertos no rentables “pueden blanquear su pasado y seguir beneficiándose de la financiación pública por un período de no menos de 10 años”.
El pasado jueves la Comisión Europea actualizó las directrices sobre ayudas estatales de aeropuertos y líneas aéreas, vigentes desde hace más de una década.
Según la asociación, esta nueva legislación, lejos de contribuir a mejorar la situación de la industria, de los pasajeros y de los contribuyentes, conducirá a una “clara” distorsión en el mercado de la competencia.
Por ello, la AEA ha mostrado su “total desacuerdo” con los dispuesto en la última directiva, mediante la que se prestarán ayudas públicas a los aeropuertos por un periodo de 10 años, ya que sostienen que un aeropuerto debe ser capaz de demostrar su viabilidad “en un periodo mucho más corto”.
Asimismo, según la AEA, la nueva normativa permite a los aeropuertos “encubrir” el “controvertido” apoyo financiero concedido en el pasado.
“Existe el riesgo de que la aplicación retroactiva de las nuevas directrices a todos los casos pendientes relativos a ayudas de funcionamiento apoye a entidades que durante años han traspasado las normas existentes y perjudique a los que se adhirieron al marco jurídico vigente en el momento de concesión de la ayuda estatal”, advierte la patronal de las aerolíneas.
Por su parte, el director general de la asociación, Athar Husain Khan, sostiene que en el mercado de la Unión Europea, la ayuda estatal sólo debería concederse si no limita la competencia o perjudica la igualdad de condiciones e insta a la Comisión a garantizar una plena transparencia y penalización en caso de incumplimiento.
