La plataforma de coche compartido BlaBlaCar ha sido citada por el juzgado Mercantil nº2 de Madrid el próximo 1 de octubre, ante la demanda interpuesta por la patronal de autobuses, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), por competencia desleal, según ha adelantado el diario ‘El Mundo’.

Confebus, fruto de la alianza entre Asintra y Fenebus, interpuso una demanda contra Comuto Iberia y Comuto SA, las sociedades de capital francés que controlan BlaBlaCar, en la que recogía la actividad de la plataforma en el último año, para demostrar la competencia desleal.

Por su parte, BlaBlaCar ha señalado que la compañía “no realiza competencia desleal” en el sector transportes, según ha informado en un comunicado como respuesta a la demanda interpuesta por la patronal de autobuses Confebús.

En esta línea, ha afirmado que esta es la única acusación que han recibido en los 19 países en los que operan, ya que considera que en todos los países se ha fomentado y respaldado una actividad que permite a los usuarios ahorrar gastos y que, además, supone optimizar recursos.

Así, BlaBlaCar ha explicado que su función es conectar personas particulares que viajan con un destino común para que compartan los gastos del trayecto, por lo que no existe ánimo de lucro por parte de los usuarios.

Para ello, la red social cuenta con un equipo de profesionales dedicado a controlar que, tanto por el número de asientos como con la limitación de los precios, no exista ánimo de lucro. De este modo, BlaBlaCar expulsa a aquellos usuarios que estén involucrados en situaciones no deseadas.

Presiones contra el consumo colaborativo

BlaBlaCar no es la única plataforma de consumo colaborativo que sufre presiones por competencia desleal. El juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ya dictaminó el pasado 9 de diciembre la prohibición en todo el territorio nacional de las actividades de Uber por considerarlas competencia desleal respecto a los servicios de taxi tradicionales.

El juez aceptó la medida, ya que los conductores contratados carecían de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevaban a cabo suponía competencia desleal.

La justicia estimó así las medidas cautelares que reclamaba la Asociación Madrileña del Taxi. La compañía estadounidense suspendió días más tarde su actividad en España.

Asimismo, la aplicación Uber en Francia cerró en julio por la presión, en algunos casos violenta, que han recibido los conductores.