Aemav quiere trasmitir su malestar ante la tramitación de la modificación de la normativa reguladora del sector, concediendo apenas 15 días hábiles para la presentación de alegaciones
La Asociación de Empresas Madrileña de agencias de viajes, Aemav, integrada en la Federación Territorial de Asociaciones de agencias de España, Fetave, ha presentado su documento de alegaciones, dentro de los tramites y plazos establecidos por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, para modificar el artículo 14 del Decreto Regulador de las agencias en la Comunidad de Madrid que trata sobre los avales y garantías.
Aemav quiere trasmitir su sorpresa y malestar ante la precipitada tramitación de la Dirección General de Turismo, de la modificación de la normativa reguladora del sector, concediendo apenas 15 días hábiles para la presentación de alegaciones, en el momento de mayor actividad del sector y durante el mes de agosto, cuando la actividad institucional se mantiene prácticamente paralizada.
Para César Gutiérrez Calvo, presidente de Aemav, la modificación planteada por la Comunidad de Madrid debería abordarse de forma armonizada por parte de las 17 comunidades autónomas y en el marco de un proceso de negociación y consenso, que estará paralizado mientras el Gobierno de España siga en funciones y no se convoque la Mesa Sectorial del Turismo, en el que están representadas las Comunidades Autónomas.
Defectos de interpretación
En este contexto, Aemav critica que “la Comunidad de Madrid sea la única que haya iniciado la modificación del decreto regulador de las agencias para incorporar las nuevas exigencias y garantías sobre insolvencia y repatriación, teniendo en cuenta que las regiones con mayor actividad turística ya han manifestado la necesidad de retomar el estudio y análisis de las recomendaciones de la UE para garantizar los servicios turísticos”.
Más allá de todo lo anterior, el borrador de decreto que la Dirección General de Turismo ha dado a conocer y al que Aemav ha presentado sus alegaciones contienen "importantes defectos y problemas de interpretación", ya que “confunde la protección de los derechos del consumidor con el establecimiento de nuevos criterios y exigencias para las empresas que desean operar en el mercado turístico y se atribuye competencias que la Comunidad de Madrid no tiene, al pretender imponer en el ámbito autonómico, normativas que deben ser de ámbito estatal”, detallan desde la asociación.
También denuncian que “se pretende imponer unas garantías arbitrarias y unas fórmulas de aplicación que desconocen el funcionamiento de las aseguradoras, además impone unas cuantías económicas desproporcionadas que ponen en peligro la viabilidad de gran número de agencias de viajes”.
