Las organizaciones de agencias de viajes piden aplicar el acuerdo de los 27 sobre movilidad.
La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) junto a la Unión Nacional de Agencias de Viaje (UNAV) han solicitado al Gobierno central que incorpore, a través de Órdenes Ministeriales, a la legislación española el acuerdo de los 27 Estados miembro de la Unión Europea para facilitar la movilidad internacional como ya han hecho otros países.
La medida, que facilita los desplazamientos a las personas que tienen el pasaporte COVID, que hayan pasado la enfermedad o tengan una prueba PCR negativa, supone el impulso que el sector turístico español necesita para recuperar la demanda del turismo exterior.
Desde las organizaciones apuntan que el retraso en la adopción de esta medida, que ya se encuentra operativa en países competidores, provocará un perjuicio en la temporada de invierno, así como en la Semana Santa e incluso el verano.
UNAV y Fetave recuerdan que las pernoctaciones hoteleras en 2021 han alcanzado solo el 50% de las de 2019, gracias al repunte del turismo interno que ha supuesto el 52% de las pernoctaciones cuando antes de la pandemia se situaban en el orden del 33%, lo cual indica que recuperar el turismo internacional cuyas pernoctaciones en 2021 solo han sido un 36% de las de 2019.
Otras acciones
Entre otras acciones, se solicita ampliar los plazos para nuevas convocatorias de las CC.AA. en las que asignar los 4.000 millones de ayudas directas a empresas y autónomos no utilizados de los 7.000 de ayudas directas aprobadas por el Gobierno y que por diversos motivos no han llegado a sus destinatarios y que de no utilizarse deberán retornar a Europa.
La devolución por los Ayuntamientos de los importes de los IAE acorde a la Sentencia de Tribunal Supremo, junto a extender hasta el 30 de junio los ERTE de fuerza mayor para posibilitar el enlace con la demanda exterior, así como que las CC.AA. mantengan sus bonos turísticos y la promoción del turismo interno, son algunas de las demandas de las organizaciones.
Del mismo modo, se solicita aprobar urgentemente una nueva ley concursal que regule los efectos sobre las empresas de los dos años de pandemia porque resulta impensable, por imprevisible, las consecuencias sobre el tejido empresarial y el empleo de la aplicación de una ley concursal como la actual, únicamente eficaz en situaciones críticas para liquidar empresas y empleo, debiéndose mantener la actual moratoria concursal hasta la aprobación de la nueva ley.
