Las agencias han sido de las empresas del sector más afectadas por la crisis.
La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) se ha reunido con integrantes de la Dirección General de Política Económica con el objetivo de transmitirles las necesidades del sector de las agencias de viajes.
Desde la organización, se expuso la urgente necesidad de que las agencias y otras actividades comprendidas en el grupo 79 de la CNAE 2009 sean incluidas en el Mecanismo RED establecido por la reciente reforma laboral.
CEAV recordó que las agencias de viajes son uno de los subsectores que más están sufriendo las consecuencias de la crisis, con el 29% de sus trabajadores en ERTE (más del triple que el siguiente sector más afectado, el del transporte aéreo).
En concreto, son 10.792 trabajadores de las agencias de viaje que en enero todavía no habían podido dejar atrás el ERTE debido a la crisis del turismo en España y, especialmente, como consecuencia de la última variante.
Aún así, CEAV considera que la actual crisis es "coyuntural" y las agencias, que acumulaban antes de la pandemia una serie ininterrumpida de siete años de crecimiento, se recuperarán en cuanto desaparezcan las restricciones de movilidad a nivel regional, nacional e internacional.
No obstante, consideran que mientras estas restricciones persistan, "es necesario incluir al sector en el Mecanismo RED".
Créditos no comprometidos
Por otro lado, CEAV ha solicitado al Gobierno que los créditos no comprometidos en el ejercicio 2021 correspondientes al Real Decreto-Ley 5/2021 sean nuevamente transferidos a las comunidades autónomas de acuerdo con su inejecución, para llevar a cabo una nueva convocatoria que deberá ser resuelta antes de mediados de este año.
En esta línea, las agencias solicitan que se dicte un nuevo Real Decreto-Ley replicando el modelo de ayudas contempladas en el Real Decreto-Ley 5/2021, pero incorporando una serie de modificaciones que faciliten la completa ejecución de los fondos, posibilitando así una
recuperación justa y equitativa.
Entre las modificaciones, destacan poner fin a los diferentes criterios entre comunidades autónomas, incrementar el límite de las cuantías mínimas y máximas de las ayudas marcado para las autonomías peninsulares, así como tener en cuenta la solvencia de las empresas potencialmente receptoras de ayudas, y no solo el balance de un único ejercicio como el de 2019.
Por último, se reclama una compensación a los empresarios y a los autónomos por el cese de actividad, ya que consideran que "han sido las diversas decisiones y medidas de las autoridades competentes las que han impedido realizar la actividad y no una decisión empresarial".
Con respecto a los autónomos, se solicita que las pérdidas que hayan tenido en 2020 se puedan compensar en el IRPF de 2021, al igual que lo hacen las sociedades
