La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha mostrado su disconformidad y descontento “al ser el único modo de transporte excluido de las medidas anticrisis contenidas en el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra de Ucrania pese a que también está soportando las consecuencias del conflicto bélico”.
El presidente de ALA, Javier Gándara, ha lamentado que el Ejecutivo haya dejado fuera de este plan anticrisis a un sector “tan estratégico” como el aéreo, que transporta a más del 80% de los turistas internacionales que llegan a España. Una industria que representa cerca de un 14% del PIB y un 12,5% del empleo en nuestro país.
A todo ello se suma que el sector también está soportando el alza del precio del combustible, además de la subida del IPC, afectando en gran medida a las cuentas de las compañías.
“El Gobierno no puede olvidarse de nosotros. Somos un sector estratégico y fundamental para el desarrollo del turismo, de la conectividad, de la carga y, por tanto, de la economía y el empleo”, recalca Gándara. “El transporte aéreo no es ajeno a esta subida de los precios en los combustibles, ya que incluso para aquellas aerolíneas que cuentan con coberturas, debe recordarse que, en cualquier caso, éstas son limitadas en el tiempo y no son gratuitas”, afirmó Gándara.
Apoyo al sector
Por ello, desde la asociación solicitan al Gobierno medidas de apoyo al sector que contribuyan a aminorar las cargas que soportan y les ayude a amortiguar las consecuencias de esta crisis por el conflicto bélico.
Una de estas medidas sería la asunción por parte del Estado de la totalidad de los costes derivados de las medidas de seguridad sanitaria frente a la COVID-19 realizadas en los aeropuertos.
El coste por los servicios de seguridad sanitaria en los aeropuertos de Aena prestados hasta septiembre de 2021 asciende a 150 millones de euros, “un importe que se ha trasladado en su totalidad a las compañías aéreas vía tarifas aeroportuarias, lo que ha impedido que las aerolíneas se beneficiasen de una rebaja tarifaria del 10,99% en 2022”, señalan. “Se trata de un servicio para garantizar la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos de España, no la de los pasajeros”, añade Gándara.
Además, desde ALA se recuerda que la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, prevé subvenciones o ayudas económicas del Estado para que Aena recupere los costes en los que pudiese incurrir por dichas medidas sanitarias.
“Por tanto, el Estado debe aprobar estas subvencionas para costear esta seguridad sanitaria y, en ningún caso, trasladárselo a las compañías aéreas”, concluyen desde la organización aérea.