La tasa turística de la Comunidad Valenciana, pendiente de tramitación parlamentaria, sería de carácter voluntario a aplicar por cada ayuntamiento a partir de 2024.
Un estudio realizado por la Universidad de Alicante, por encargo de la secretaría autonómica de Turismo, concluye que la implantación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana “en síntesis, actualmente y, al menos, en el medio plazo” no sería oportuna y no estaría relacionada con la actividad turística en general, “sino con un determinado modelo de desarrollo turístico”. Además, sostiene que sería “infructuosa” en destinos de sol y playa y “contraproducente” en ciudades como València.
Las conclusiones se han presentado esta semana en el Invat·tur de Benidorm, en un acto al que ha asistido el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, quien se ha opuesto reiteradamente a este impuesto consensuado entre los socios del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP).
Esta tasa, pendiente de tramitación parlamentaria, sería de carácter voluntario a aplicar por cada ayuntamiento a partir de 2024.
Según recoge el informe, la tasa por pernoctación está consolidada en muchas ciudades a nivel internacional y se identifica como un impuesto finalista en el que “su recaudación debería destinarse a compensar al destino por parte de los visitantes de los costes de los servicios se consumen (...), aunque no siempre esa finalidad se cumple y puede destinarse a corregir déficits de financiación en otras parcelas”.
Tras recordar que se aplica en Cataluña desde 2012 y en Baleares desde 2016, repasa argumentos a favor como que los turistas no pagan impuestos por el consumo de recursos en el destino.
Pero advierte que “no es cierto, porque los impuestos recaudados en la Comunidad vinculados a la actividad turística en 2019 ascendieron a 3.849 millones, lo que supone el 15,3% del total”.
Para los expertos, son tributos “cuantiosos y superiores a los correspondientes a la tasa”, con lo que entienden que el esfuerzo se debería centrar en gestionar “lo mejor posible” los ingresos actuales antes que aplicar otros. Destacan además las aportaciones para los próximos años previstas por la Generalitat con fondos europeos Next Generation.
A su juicio, tampoco hay que “pasar por alto” la reducción del 10% de las tasas autonómicas anunciada recientemente por el presidente, Ximo Puig, que supondría “una cierta contradicción” con la implantación de un impuesto a las pernoctaciones.
“Discriminación” a los alojamientos reglados
Otra de sus advertencias es que la tasa dejaría fuera a las formas de alojamiento entre particulares no declaradas, lo que “supone un elemento discriminatorio”. Apuntan al respecto que el alojamiento reglado solo supone el 44% de los turistas en la Comunidad y “apenas un 23% de las pernoctaciones” frente al 60% en Cataluña y el 80% en Baleares.
También señalan que la tasa actualmente está en vigor en ciudades con “iconos mundialmente reconocidos” como París, Venecia o Barcelona que cuentan con “una demanda más rígida” y necesidades específicas por su masificación en comparación a los destinos valencianos.
En esta línea, los investigadores rechazan la afirmación “poco contrastada” de que un máximo de tasa de 14 euros por persona y viaje no desincentiva la demanda, “sobre todo en lugares con el riesgo de turoperadores que planteen destinos alternativos”. Si se aplicara en la Comunidad, “el alojamiento reglado ya habría subido la tarifa”, vaticinan.
Por contra, en su opinión, para que la tasa no supusiera problemas “salvo un posible impacto reputacional” debería ser asumida por las empresas, aunque remarcan que esto pondría en riesgo su supervivencia y el empleo ya afectado por el contexto de crisis. Y aseguran que la “realidad” de la aplicación en otros destinos es que la recaudación acaba destinándose a otras partidas no relacionadas con el turismo.
Riesgo de subida de precios
Respecto a la situación actual del sector, los expertos reconocen que se aprecia un cierto efecto “rebote” en los últimos meses tras dos años de pandemia, a pesar de la inflación actual. Recuerdan además que ante una situación de crisis, el sector de la Comunidad "suele responder mediante una reducción de tarifas" para mantener la demanda.
En consecuencia, sostienen que la aplicación del impuesto actualmente supondría un aumento de tarifas y esto dejaría “muy comprometida la rentabilidad del sector cuando más lo necesita, agravada por competir con destinos de similares características de otras comunidades sin esta tasa como Andalucía, Canarias o Murcia”.
Por zonas, el estudio diferencia el caso de Benidorm como “referente” de turismo de sol y playa y “uno de los destinos más sostenibles tanto de España como de Europa”, lo que favorece un menor coste de los servicios. También destaca que la mayor parte del tejido productivo recae sobre miles de propietarios locales.
En cuanto a los otros principales destinos de sol y playa asociados en gran parte al turismo nacional (Torrevieja, Gandia, Dénia, Peñíscola, Xàbia o Calp), considera que el alcance de la tasa sería limitado y, por tanto, “infructuoso”. Es algo que estima recurrente en la mayoría de destinos de sol y playa de la Comunidad.
En los destinos urbanos, el informe señala que Valencia y Alicante necesitan fortalecer su marca turística mientras Castellón de la Plana y Elche requieren de una demanda mayor, con lo que “la política de reducción de tarifas sigue siendo relevante en estos destinos y, consecuentemente, contraproducente la aplicación de la tasa”.
Por último, en destinos de interior o rurales como Alcoi, Requena o Morella también estima “contraproducente” la aplicación de la tasa por su efecto en las pernoctaciones y en la consolidación de empleos "donde más se necesita".
