La Comisión Europea (CE) ha sugerido este miércoles a España concluir la reforma de las pensiones, con la definición del factor de sostenibilidad, antes de que acabe el año y considerar si es necesario introducir cambios a la reforma laboral como muy tarde en septiembre de 2013, además de sugerir subir el IVA a algunos productos a los que se aplica el tipo reducido, aunque no detalla ninguno en concreto.

El Ejecutivo comunitario ha decidido no lanzar un expediente sancionador contra España por desequilibrios excesivos por considerar que ha presentado un programa de reformas “convincente”, según ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Pero a cambio ha fijado un calendario acelerado para las medidas ya previstas por el Gobierno.

En cuanto a la reforma de las pensiones, la Comisión pide “culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones, estableciendo, entre otras cosas, que la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida”.

En materia fiscal, Bruselas reclama una “revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014”. En esta revisión debe explorarse la posibilidad de subir el IVA a algunos productos a los que se aplica el IVA reducido del 10% al 21%.

El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá además que “adoptar medidas adicionales respecto a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes”.

España debe “considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa” y también “adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades”. La Comisión reclama también intensificar la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.

El Gobierno deberá además acelerar la reforma de la administración pública. Bruselas espera que la reforma de la administración local se apruebe en los plazos previstos y que el plan de aumento de la eficiencia de toda la administración pública esté listo en octubre de 2013. El proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado tiene que aprobarse y aplicarse “urgentemente”.

Bruselas espera que el Gobierno apruebe su anunciada ley de Desindexación “de modo que esté en vigor a principios de 2014 a más tardar” y que estudie “medidas adicionales de limitación de la aplicación de las cláusulas de indexación”.

España deberá “aumentar la relación coste-eficacia del sector sanitario, manteniendo al mismo tiempo la accesibilidad de grupos vulnerables, por ejemplo reduciendo el gasto farmacéutico en los hospitales, potenciando la coordinación entre los diferentes tipos de asistencia sanitaria y mejorando los incentivos para un uso eficiente de los recursos”.

Profundizar en la reforma laboral

En el mercado de trabajo, la Comisión pide también “una reforma de las políticas activas” para mejorar sus resultados, así como “reforzar y modernizar” los servicios de empleo público y acelerar la colaboración público-privada en los servicios de colocación. El Gobierno debe poner en marcha las medidas contra el paro juvenil previstas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y continuar mejorando la educación y la formación profesional, introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos al final de 2013, a más tardar.

El Ejecutivo comunitario pide finalmente aprobar y aplicar antes de fin de año la ley para liberalizar colegios y servicios profesionales. En el mismo plazo deberá ponerse en marcha una “reforma estructural del sector de la electricidad” con el fin de acabar con el régimen de tarifa. España debe también adoptar medidas para reducir el número de personas con riesgo de pobreza.

El Ejecutivo comunitario ha decidido no lanzar un expediente sancionador contra España por desequilibrios excesivos, pero a cambio ha fijado un calendario acelerado para las reformas ya previstas por el Gobierno.

En materia fiscal, Bruselas reclama una “revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014”. En esta revisión debe explorarse la posibilidad de subir el IVA a algunos productos a los que se aplica el IVA reducido del 10% al 21%. El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá además que “adoptar medidas adicionales respecto a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes".

España debe “considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa” y también “adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades”. La Comisión reclama también intensificar la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.