La Comisión Europea ha propuesto este martes una norma cuyo objetivo es reforzar la protección de los consumidores que compran viajes combinados personalizados a través de Internet. Estos turistas –120 millones, según los cálculos de Bruselas– no están cubiertos por las reglas vigentes, por ejemplo para garantizar la repatriación en caso de quiebra de un operador turístico.

“Las normas de la UE sobre los viajes combinados deben adaptarse a la era digital y satisfacer las expectativas de los consumidores”, ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding.

El 23% de los turistas europeos reserva viajes combinados tradicionales, mientras que otro 23% opta por paquetes personalizados que “no están cubiertos o lo están de forma ambigua”. “Hay inseguridad jurídica y de eso queremos librarnos”, ha señalado Reding.

Además de ampliar la protección a los viajes combinados personalizados, la nueva norma (ver en pdf) introduce controles más estrictos de los recargos de precios, por ejemplo por subidas de los carburantes, que no podrán superar el 10%. Y las compañías estarán obligadas a repercutir las reducciones de precios en circunstancias equivalentes.

Los consumidores disfrutarán de mayor flexibilidad al poder rescindir el contrato antes de emprender viaje, pagando al organizador una indemnización razonable. También se reconoce su derecho a anular el contrato, de forma gratuita, antes de la salida, en caso de catástrofe natural, conflicto civil o situaciones graves similares en su destino que puedan afectar a sus vacaciones, por ejemplo, cuando las embajadas desaconsejan el viaje a lugares determinados.

Los consumidores deberán ser informados en términos claros y comprensibles de que el organizador es responsable de la correcta ejecución de todos los servicios incluidos. En la actualidad, las diferencias en las normas nacionales relativas a la parte responsable (organizador, minorista o ambos) llevan a situaciones en que los organizadores y los minoristas remiten al consumidor a la otra parte, sin que ninguna de ellas asuma la responsabilidad.

Además de las reducciones de los precios en caso de que no se haya prestado correctamente un servicio de viaje, los consumidores también pueden exigir una indemnización por cualquier daño no material que hayan sufrido, especialmente en caso de vacaciones arruinadas. Y podrán presentar quejas o reclamaciones directamente al minorista al que hayan comprado sus vacaciones.

Se excluyen los viajes de negocios

El Ejecutivo comunitario sostiene que su propuesta tiene también ventajas para las empresas. En particular, suprime algunos requisitos obsoletos, como la reedición de folletos, ahorrando así a los operadores turísticos y a las agencias de viajes un importe aproximado de 390 millones al año.

Además, Bruselas plantea excluir de la aplicación de la directiva los viajes de negocios organizados, con lo que se prevén unos ahorros de hasta 76 millones al año.