Transporte

Puertos del Estado cesa a su secretario general por su vinculación con el caso Koldo

La compañía adquirió a la empresa de la trama ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros

Publicada 06/03/2024

12:00 horas

 - Actualizada 07/03/2024

9:15 horas

La empresa defiende que ha proporcionado toda la documentación e información del contrato a la UCO.

La empresa defiende que ha proporcionado toda la documentación e información del contrato a la UCO.

El Consejo Rector de Puertos del Estado ha aprobado este miércoles el cese de su secretario general, Álvaro Sánchez Manzanares, de este organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, argumentando la “pérdida de confianza en su trabajo” ante su implicación en el caso Koldo.

Puertos del Estado fue la primera empresa que contrató con la trama Koldo para hacerse con mascarillas en plena irrupción de la pandemia por un importe de 20 millones de euros.

En un comunicado, la empresa defiende que ha proporcionado toda la documentación e información solicitada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) relacionada con este contrato, precisando que no ha derivado en la investigación o imputación alguna de las personas que participaron en la tramitación del citado contrato.

En 2020, Puertos del Estado procedió a la tramitación por vía de emergencia prevista en el Real Decreto-ley 7/2020 a la adquisición de ocho millones de mascarillas, para su posterior distribución a otros organismos del sector del transporte.

“El objetivo era que sectores considerados esenciales para la economía española recibiesen las medidas de protección necesarias para seguir con su actividad crucial, tanto el abastecimiento de mercancías como los desplazamientos de ciudadanos por causa mayor”, señala.

Puertos del Estado recuerda que estos contratos fueron auditados tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas, aunque incide en que seguirá colaborando “al máximo posible” con todas las instancias de los poderes públicos encargadas de realizar trabajos de control y auditoría.

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