Ese fin de semana se ha celebrado en la ciudad de Berlín, en las instalaciones del Maritim Hotel Berlin, las Primeras Jornadas Técnicas de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV).

Rafael Gallego, presidente de CEAV, abrió el congreso recordando cómo nació CEAV, “fruto del esfuerzo de integración de las asociaciones españolas”, y poniendo en relieve el peso que posee CEAV en España, que aglutina actualmente a 2.000 empresas del sector del turismo, lo que se traduce en un conjunto que “se cifra en 4.500 puntos de venta, 50.000 trabajadores y un volumen de negocio de 15.000 millones de euros”.

Dentro de las jornadas de CEAV, ayer domingo, se celebró una mesa redonda con el objetivo de buscar soluciones a una de las demandas más importantes de las agencias en estos últimos años: la indefensión de los agentes ante la quiebra de una compañía aérea.

Y la solución pasa por reforzar la supervisión y control por parte de la administración de las aerolíneas, con una posible exigencia de garantías a las compañías, un seguro o la creación de un fondo de reserva.

La mesa, moderada por Eva Blasco, directora general de la agencia EuropaTravel, contaba con la presencia de Marta Lestau, Directora de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario de de AESA, Javier Valdés, director general de IATA en España y Portugal, Manuel López, consejero delegado de Intermundial, y Cándido Conde-Pumpido, presidente de la Asociación de Afectados por el cese de Operaciones de Spanair.

Blasco inició el debate cifrando la magnitud del problema: “nos encontramos ante una situación bastante frecuente en los últimos años, tanto que del año 2000 a 2009 han existido 96 ceses de operaciones”, según un informe de marzo de 2011 para la Comisión Europea.

Reino Unido y España, primer y tercer mercados en número de pasajeros, son los que mayor numero de ceses han registrado, “lo que ofrece una relación directa muy clara entre el número de ceses y el tamaño de los mercados”, añadió.

Entre 2000 y 2009 se calcula que se han visto afectados entre 1,4 millones y 2,2 millones de pasajeros, de los que aproximadamente un 12% se encontraba en destino. El caso de Air Madrid fue el más relevante, ya que dejó en tierra a 100.000 pasajeros en destino.

Entre enero y mayo de 2012, nada menos que 13 aerolíneas han cesado operaciones, compañías de todos continentes y de todo tipo, lo que revela el carácter global del problema.

El informe de la Comisión Europa indica que la única opción viable para proteger al pasajero en caso de quiebras es la creación de un fondo general de reserva, que obviamente pagaría el pasajero.

El sector aéreo español, en situación crítica

Por su parte, Javier Valdés mostró la realidad en cifras del sector aéreo en España. Supone el 7% del PIB, genera 612.00 empleos en el conjunto del sector turístico y 3 de cada 4 personas vienen a España por avión. “Actualmente esperamos un crecimiento del 4% en el 2012 y que la tasa de ocupación media sea de 75%”, añadió, y concluyó diciendo que “esperamos unas pérdidas globales en Europa de 600 millones de dólares”. La situación en España es aún peor: sólo existe una compañía con sus balances en positivo.

En lo referente al problema de las quiebras, añadió que “estamos hablando de un problema global al que se debe dar soluciones globales, y ese es el ámbito de la International Civil Aviation Organization”.

Valdés habló también de la subida de tasas aéreas, muy mal recibidas por el sector de las agencias en particular, subidas que calificó de “desproporcionadas”, apostando por “una mayor desregulación y menos tasas”. También puso cifras a la subida de tasas: producirán una reducción de llegadas a España de 3 millones de pasajeros y 300 millones de euros que incidirán en el precio del billete.

Pasajeros bastante desprotegidos

Marta Lestau comentó que “a finales de 2008, teníamos 82 compañías aéreas en España, y en 2012, 64 compañías”, y que muchas de estas compañías llevaban “menos de 2 años de actividad”. Añadió que aunque los pasajeros están bastante desprotegidos, “no hay que olvidar que en España tenemos la administración concursal”, aunque es un proceso largo como se ha demostrado con el caso Air Madrid, resuelto hace unas pocas semanas.

Lestau informó de que “no se puede exigir avales o garantías financieras no reflejadas en el reglamento 261”, y que en AESA “estamos tratando de articular otro tipo de soluciones para poder mejorar los derechos de pasajeros en caso de quiebra, por el reglamento del derecho del pasajeros y por la vía de la supervisión económica”.

Continuó su intervención hablando de la puesta en macha de un Real Decreto para proteger al pasajero, en el que llevan trabajando “desde el año pasado, aunque todavía tenemos que trabajar más en ello”, y que se discutirá esta semana en el seno de la Comunidad Europea.

AESA ha preparado para la Comisión un documento, que incluye un plan de contingencias para el cese de operaciones basado en su experiencia ante ceses importantes, desarrollando un modelo de comunicación y coordinación entre autoridades, pasajeros y administraciones.

Lestau también aclaró que desde AESA se conoce la situación financiera de las compañías aéreas, pero el reglamento no establece claramente “cuál es el momento en que la Administración debe intervenir para obligar a la compañía a cerrar la venta de billetes”.

Preguntada por un posible fondo de reserva a nivel nacional, manifestó que “el fondo para compañías con licencia española es inviable y generador de distorsiones”, con un alto impacto en el turismo: “se impondría un sobrecoste por volar a España”. La CE tampoco es favorable a este tipo de fondo.

Pérdidas de confianza

Conde-Pumpido puso de manifiesto que las quiebras suponen para el pasajero “una perdida de confianza increíble en poder viajar y disfrutar, y puede retraer la demanda hacia este tipo de viajes”. Su apuesta: “hay que dar confianza a los clientes, ya que actualmente no existe una seguridad jurídica que permita tener esa confianza entre quien compra vuelos”.

Para Conde-Pumpido, el Ministerio de Fomento debería impulsar una reforma de la administración concursal, donde los consumidores “deberían ser figuras privilegiadas dentro de un concurso de acreedores”. En esta línea, afirmó que en el caso de Spanair “existe un delito de estafa clarísimo”, pero que resulta difícil seguir una vía penal en este caso, ya que no funcionó “ni con Air Madrid ni Air Comet”.

Manuel López pidió a la Administración que “defina qué se entiende por cese de operaciones y comunicarlo a las agencias de viaje, para eliminar las responsabilidades añadidas”; también manifestó que “la administración tiene pocos recursos para proteger al consumidor”, y que la solución se debe “llevar a cabo entre todos los afectados”. En cuanto al fondo de reserva, para López el problema se encuentra en dotarlo de fondos.

“Hay que cambiar las leyes”. Así de contundente se manifestó Rafael Gallego cuando se abrió la ronda de coloquio. Martí Sarrate, que ocupa una de las Vicepresidencias de CEAV, puso el dedo en la llaga al afirmar que “quien tiene la potestad de intervenir y el deber de hacerlo son las Administraciones”, y pidió un mayor control de las compañías aéreas, poniendo encima de la mesa el caso de Spanair, “donde la administración conocía los problemas de la compañía pero no intervino”. Manifestó también que todos los implicados por la posible quiebra de una aerolínea, incluyendo a las aa.vv. y los turoperadores, deberían reunirse para analizar la problemática y crear soluciones consensuadas.