El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha referido a la petición del sector del taxi para que el Gobierno cierre páginas web que ofrecen servicios de transporte alternativos como Uber y ha afirmado que todos se tienen que “adaptar” a los medios tecnológicos, como lo han hecho sectores como el de los medios de comunicación.

Durante la jornada inaugural del seminario ‘La Europa que deja la crisis’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), y patrocinado por BBVA, Guindos ha hecho esta valoración después de que los taxistas se reunieran este lunes con el Ministerio de Fomento.

Dicho esto, el ministro de Economía ha reconocido que “la competencia es muy importante” y que “tiene que desarrollarse en igualdad de competencia”" para que no haya ninguna discriminación desde el punto de vista, por ejemplo, del pago de impuestos, algo que, ha añadido, el Gobierno intenta garantizar.

Preguntado entonces por si el alto coste de las licencias de taxi puede ser un elemento distorsionador de la libre competencia, Guindos ha asegurado que “es un tema distinto”. “El del taxi es un sector regulado y cada regulación establece una serie de condiciones”, ha añadido.

No todas son iguales

Sobre esta misma polémica, la organización Facua-Consumidores en Acción ha matizado este martes que hay que diferenciar entre aplicaciones como Uber, que realizan una actividad económica, de otras como Blablacar, en las que hasta ahora solo promueven que los usuarios compartan gastos.

En un comunicado, Facua considera que las plataformas como Uber, que ofrecen un servicio auxiliar de transporte de pasajeros o realizan una intermediación entre servicios de transporte y usuarios, realizan una actividad económica y, como tal, deben someterse a la legislación vigente para asegurar la protección máxima al consumidor y dejar claras las responsabilidades ante los incumplimientos que se produzcan.

La asociación argumenta que, “según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), se considera transporte privado (el que se realiza entre particulares) aquel que nunca da lugar a remuneraciones económicas –el único objetivo es compartir gastos– y el desplazamiento del usuario coincide con el del conductor. La ley recoge que esto no está sometido a regulación alguna”.

De acuerdo a la norma, este es el caso de los usuarios que acuerdan compartir transporte y los  gastos derivados del desplazamiento, bien sea de manera presencial, telefónica o a través de plataformas que funcionan como tablones de anuncio o redes sociales. “Así ha sido hasta ahora el servicio de BlaBlaCar, que ha funcionado como una red social para ofrecer el contacto entre particulares”, añade Facua.

Sin embargo, Facua advierte que en la actualidad, Blablacar ha comenzado a ofrecer el servicio de intermediación en el transporte de viajeros, encargándose de gestiones como la reserva del asiento, el cobro y facturación del servicio, ofrecido a través de conductores privados no profesionales. “De esta actividad, por tanto, deben derivarse responsabilidades ante los eventuales incumplimientos o irregularidades que se puedan producir en la prestación del servicio y por tanto debe estar regulada”, apunta la organización.

Con ánimo de lucro

Por otro lado, las plataformas que cuentan con una infraestructura de personal, tecnológica y financiera, y “que persiguen el ánimo de lucro” a través del servicio de intermediación en el transporte de usuarios con conductores profesionales no pueden ser consideradas dentro del concepto de transporte privado, de acuerdo a la citada ley. Es el caso de entidades como Uber, que detalla su estructura empresarial en su propia página web, incluyendo sus inversores económicos, entre los que se encuentran financieras como Goldman Sachs o Google Ventures.

Estas compañías, que ofrecen un servicio o una intermediación entre usuarios y proveedores, deben someterse a la LOTT, indistintamente de la plataforma en la que distribuyan sus servicios, para garantizar los derechos de los usuarios, dado que están realizando una actividad auxiliar complementarias de transporte.

Facua concluye que estas compañías deben someterse también a la legislación en vigor sobre protección de los consumidores y usuarios.